La acción fue presentada ante la Corte de Valparaíso por un grupo de ciudadanos en contra de la Municipalidad de Valparaíso, el Delegado Presidencial Regional de esa región y de Carabineros de la Prefectura de Valparaíso, por las situaciones de alta peligrosidad que se están viviendo en las “zonas rojas” de la ciudad puerto.
En su libelo, la recurrente señala que existen actividades ilegales y situaciones de alta peligrosidad de data reciente, ocurridas en la subida Cumming y en la Plaza Aníbal Pinto, sectores definidos como prioritarios desde el punto de vista de la seguridad por estudios del municipio y Carabineros de Chile, quienes la denominaron “zona roja”, las que no han sido fiscalizadas de modo apropiado.
Agregan que, la inseguridad en el sector implica un constante riesgo para la integridad de los vecinos que transitan y viven en el sector. Actualmente, se constata la presencia permanente de personas que ejercen actividades de comercio ilegal, ingesta de alcohol y consumo y venta drogas durante todo el día.
Refieren que, sumado a lo anterior, existen problemas de violencia y desórdenes, causados por riñas, fiestas callejeras sin autorización, ruidos molestos, asaltos y balaceras, lo que genera ruidos molestos a lo largo de toda la semana, sin existir control por parte de la fuerza pública ni fiscalización por parte del personal municipal.
Sostienen que, la omisión de las autoridades vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°1 y N°8 de la Constitución, por lo que solicitan se ordene al Delegado Presidencial disponer de un contingente policial las 24 horas del día, o bien establecer una medida alternativa de similar naturaleza en el sector, que la Municipalidad de Valparaíso y Carabineros de Chile fiscalicen de manera efectiva las situaciones de actividades comerciales ilegales y ruidos molestos.
La Corte de Valparaíso declaró admisible el recurso.
