El fiscal especial, Jack Smith, presentó una solicitud para retirar dos casos penales abiertos contra Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Uno por presunta interferencia electoral relacionada con las elecciones presidenciales de 2020, y otro, vinculado al manejo de documentos clasificados. La decisión se fundamentó en criterios de constitucionalidad determinados por el Departamento de Justicia (DOJ).
En la presentación judicial, Smith indicó que la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del DOJ ha sostenido en opiniones previas, de 1973 y 2000, que procesar penalmente a un presidente en funciones podría contravenir la separación constitucional de poderes. Dichas opiniones argumentan que este tipo de procesos puede interferir en la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones constitucionales, lo que sería incompatible con el diseño institucional del gobierno federal. En consecuencia, Smith solicitó que los casos fueran desestimados, sin perjuicio, de retomarlos en el futuro si las circunstancias lo permiten.
En 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los presidentes son inmunes a procesos judiciales derivados de actos oficiales cometidos durante su mandato. Este fallo, que respaldó una apelación de Trump en relación con las acusaciones de interferencia electoral, citó razones similares a las expuestas por la OLC, enfatizando la necesidad de proteger la separación de poderes establecida en la Constitución.
El caso de interferencia electoral y la apelación sobre los documentos clasificados ya habían sido suspendidos tras la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre de 2024, lo que llevó a cuestionar la viabilidad de dichos procesos. Adicionalmente, un juez en Nueva York decidió aplazar de manera indefinida una audiencia relacionada con el caso de documentos clasificados. En cuanto al proceso de interferencia electoral en Georgia, un tribunal de apelaciones estatal canceló una audiencia programada, dejando en incertidumbre el curso de este caso.
Cabe recordar que las acusaciones originales contra Trump incluían el supuesto traslado de documentos clasificados a su residencia en Mar-a-Lago tras dejar el cargo en enero de 2021, así como el presunto intento de obstaculizar la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. Mientras tanto, sigue adelante la apelación para restablecer los cargos contra dos coacusados de Trump en el caso de los documentos clasificados.
La decisión de desestimar los casos refuerza el marco legal que regula la interacción entre la rama ejecutiva y la judicial, destacando los límites impuestos por la Constitución en el tratamiento judicial de los presidentes en funciones o electos.
