La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por Banco Santander contra una sentencia que lo condenó a indemnizar a un cliente por un fraude bancario.
Los principales puntos de la resolución son:
1. Se confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó al banco pagar $4.998.620 por concepto de daño emergente al demandante.
2. El banco alegó infracción a las leyes reguladoras de la prueba y errónea aplicación del estatuto legal del depósito al contrato de cuenta corriente.
3. La Corte Suprema estimó que el recurso no cumplió con los requisitos de admisibilidad al no explicitar adecuadamente los errores de derecho alegados.
4. Se señaló que el banco debió haber invocado la infracción de normas decisorias como los artículos 1553 y 1555 del Código Civil y el artículo 1 del DFL N° 707 sobre Cuentas Corrientes Bancarias.
5. Al no acusar el quebrantamiento de la «preceptiva sustantiva básica», la Corte consideró que el recurso era inadmisible.
La decisión mantiene firme la condena al banco por su responsabilidad en el fraude sufrido por el cliente, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las entidades financieras en este tipo de casos.
El fallo de primer grado, confirmado en alzada, determinó que hubo incumplimiento del contrato de cuenta corriente por parte del banco. Estableció que el banco tiene responsabilidad como depositario de los fondos de sus clientes. Rechazó la alegación del banco de que el fraude se debió a negligencia de la clienta. No acogió las peticiones de indemnización por lucro cesante y daño moral y dispuso que el monto deberá ser reajustado según el IPC y se aplicarán intereses corrientes desde la notificación de la demanda.
El fallo señala que el banco incumplió sus deberes de resguardo y seguridad como depositario de los fondos, al no evitar una transferencia fraudulenta desde la cuenta de su clienta. Se desestimó el argumento del banco de que no tenía responsabilidad por haberse usado las claves personales, indicando que igualmente debía monitorear y controlar posibles fraudes.
