La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo económico interpuesto por un grupo de PYMES de ciudadanos extranjeros en contra de la Municipalidad de Santiago, por la decisión de no otorgar las patentes comerciales necesarias para el funcionamiento de sus establecimientos.
Los recurrentes argumentaron haber cumplido con todos los requisitos legales e indicaron estar en proceso de regularización ante el municipio para obtener las patentes definitivas necesarias para operar sus locales comerciales en la comuna de Santiago.
Denunciaron que, a pesar de haber recibido una patente provisoria y de contar con la viabilidad confirmada por el arquitecto municipal, el municipio ha demorado o impedido la emisión de las patentes restantes, lo que podría llevar al cierre de sus establecimientos y afectar a más de 10 familias. Sostuvieron que esta negativa vulnera su derecho a la libertad económica, por lo que solicitaron la intervención de la Corte para evitar la clausura y permitir la continuidad de sus actividades.
En su informe, la recurrida instó por el rechazo de la acción, señalando que solo una de las sociedades recurrentes figura en sus sistemas como contribuyente y que no existe un acto de autoridad que justifique la presentación del amparo. Además, que la solicitud de dejar sin efecto una sanción que no especifica cuál es la infracción dificulta comprender el petitorio. Indicó que la patente provisoria otorgada a la sociedad recurrente caducó al no cumplir con los requisitos para convertirse en definitiva dentro del plazo establecido, y que no se demostró una infracción a la garantía constitucional de libertad económica, por lo que solicitó el rechazo de la acción.
La Corte de Santiago rechazó la acción de amparo económico, al considerar que no se acreditó que la empresa recurrente cumpliera con los requisitos del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, para obtener una patente definitiva, ni se demostró que hubiera sufrido una sanción concreta. Además, desestimó las acciones de las otras sociedades recurrentes, ya que no se explicó en qué consisten las supuestas infracciones que afectarían sus derechos.
En mérito de lo expuesto, la Corte de Santiago rechazó el recurso de amparo económico.
Elevado el fallo en consulta, fue aprobado por la Corte Suprema.
