El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy –martes 9 de abril– a Manuel Arnaldo Flores Vega a la pena de 3 años de presidio efectivo, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y la suspensión de la licencia de conducir por el término de dos años, en calidad de autor de un cuasidelito consumado de homicidio y de lesiones leves. Ilícito perpetrado en marzo de 2023.
En fallo unánime (causa rol 3-2024), el tribunal –integrado por los magistrados María Cecilia Zapata Pavez (presidenta), Eduardo Rodríguez Muñoz (redactor) y Silvia Portilla Bugueño– condenó, además, a Flores Vega a 5 años de presidio, accesorias de inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 11 UTM, en calidad de autor del delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de accidente de tránsito con resultado de muerte.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que a las 02:15 horas de la madrugada del 19 de marzo de 2023, Daniela Carlos Herrera y pareja, Bastián Rojas Esquivel, caminaban por la avenida Vicuña Mackenna de la ciudad de Arica. Arteria en la cual, a pocos metros de su casa, fueron atropellados por Flores Vega, quien conducía tras haber consumido bebida alcohólicas, en una cantidad indeterminada, en un local comercial ubicado en la calle 18 de Septiembre.
Tras arrollar a las víctimas, Flores Vega se dio a la fuga, sin detener la marcha, prestar ayuda a las víctimas y dar aviso a la autoridad policial del accidente.
A consecuencia del atropello, Rojas Esquivel resultó con lesiones de carácter leve y Carlos Herrera con un TEC, contusión pulmonar y fracturas de extremidades, lesiones que le provocaron la muerte al día siguiente.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
