El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dejó hoy –martes 19 de marzo– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al renunciado director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Antonio Muñoz Yáñez, imputado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de violación de secreto (artículo 246 del Código Penal) y revelación de causa secretas para los terceros (artículo 31 de la Ley 19.913). Ilícitos perpetrados entre 2021 y 2022, años en que ejerció el cargo.
En la audiencia de formalización (causa rol 433-2024), la magistrada Francis Fell Franco ordenó el ingreso en prisión de Muñoz Yáñez, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
Al resolver, la jueza Fell razonó que “respecto de los delitos de violación de secretos, estamos en presencia de hechos graves, en los cuales se busca precaver actos de corrupción de parte de funcionarios públicos; donde se afecta especialmente el bien jurídico de la confianza pública, en el respeto del secreto por quien accede a ellos, quien en este caso son realizados por quien fuere designado para desempeñar el más alto grado dentro de la Policía de Investigaciones de Chile”.
En dicho sentido, “respecto a los delitos reiterados del artículo 31 de la Ley 19.913, nos encontramos frente a un tratamiento especial, por parte del legislador, del deber de secreto. Acá la vulneración del bien jurídico, resulta especialmente grave: En primer término, atendida la envestidura del imputado, ya que la exigencia y el reproche penal, no dice relación en este caso por ejemplo a un funcionario público de menor grado, sino que ni más ni menos, respecto a quien fuera mandatado para dirigir la Policía de Investigaciones de Chile. Especialmente grave resulta la conducta desplegada por el imputado señor Muñoz, ya que dice relación con una investigación por malversación de caudales públicos y delito de lavado de activos que la fiscalía desarrolla contra el ex director general de PDI, señor Espinosa (…) Además, la revelación de secreto se realiza a quien fuera el abogado del señor Espinoza, a quien le son revelados antecedentes reservados de conformidad a la Ley 19.913”, agregó.
Además, consignó la magistrada que: “En cuanto a la forma de comisión, y el bien jurídico protegido en estos casos, existe un interés público, un interés objetivo, especialmente vulnerado y no puede desatenderse, como ya se indicó que el imputado, era a la fecha de incurrir en estos hechos, era la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, de modo que la posición de garante del deber de secreto, me parece evidente (…) En cuanto a la sospecha grave y fundada de que el Sr. Muñoz pudiera obstaculizar la investigación, ésta se encuentra suficientemente fundada en el actuar del Señor Muñoz, en la naturaleza, en la forma y comisión, de los propios delitos por los cuales ha sido formalizado y en algunas otras conductas desplegadas por él, a saber, watsapp enviado por Muñoz a Hermosilla respecto a la ficha del señor Espinosa, haciendo presente la importancia de dicho antecedente, toda vez que se trataba de una audiencia en la cual se debatían cautelares”.
“Por lo anterior, dable es presumir que la prisión preventiva, por ahora resulta indispensable para el éxito de la investigación, la que está recién comenzando (…) Atendido lo anterior y resolviendo la solicitud de prisión preventiva, esta resulta proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación”, concluyó la jueza Francis Fell Franco en su resolución.
Según el ente persecutor, durante 2021 y 2022, el imputado Muñoz Yáñez, quien en dicho periodo se desempeñaba como director general de la Policía de Investigaciones (PDI), se aprovechó de su cargo para entregar de forma reiterada, mediante la aplicación de mensajería Whatsapp de su teléfono móvil institucional, información de diversas causas e investigaciones que se encontraban amparada por secreto, al abogado Luis Hermosilla Osorio.
La información proporcionada al jurista correspondía a indagatorias fiscales por cohecho, soborno y delitos tributarios, en el caso conocido como “Proyecto Minero Dominga”; cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, correspondiente a la causa denominada “Casino Enjoy-decreto 77; negociación incompatible, causa contra el exintendente Felipe Guevara; malversación de caudales públicos y lavado de dinero, causa en contra del ex director general de la PDI, Héctor Espinosa; y fraude al fisco, lavado de dinero y delitos tributarios, causa en que está imputado el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
