La presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, encabezó la firma de un protocolo cuyo objetivo es garantizar la prestación del servicio notarial para todas las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios que requieran de una actuación ante un ministro de fe.
Este protocolo fue firmado por la presidenta del tribunal de alzada; el secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant Cabrera; el director regional de Gendarmería, coronel Gonzalo Hermosilla Lizama; el presidente del capítulo zonal de O’Higgins de la Asociación de Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, Gerardo Carvallo Castillo.
“La población penal de nuestra región está ubicada en los establecimientos penitenciarios que se encuentran en las comunas de Rancagua, Rengo, Peumo y Santa Cruz. Este protocolo permitirá que puedan acceder a este servicio las y los internos de forma gratuita, previa calificación de su situación socioeconómica que será realizada por Gendarmería”, indicó la ministra Bárbara Quintana.
Este acuerdo establece que el notario de turno encargado del cumplimiento de este protocolo debe ir a lo menos de forma mensual a los recintos penales. Las personas que están privadas de libertad que requieran este servicio notarial deberán solicitarlo a los encargados de los establecimientos.