El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dejó hoy –jueves 18 de enero– sujeta a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicación con testigos, peritos y coimputados, a la ex alcaldesa de Maipú Cathy Carolina Barriga Guerra, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Ilícitos que habría perpetrado entre 2016 y 2021.
En la audiencia de formalización (causa rol 9.218–2021), el magistrado Hugo Salgado Morales consideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
Al desestimar la pretensión de la fiscalía y la querellante Consejo de Defensa del Estado de imponer a la otrora alcaldesa la prisión preventiva, el juez Salgado Morales sostuvo que: “No basta con que sea un delito grave o que sean varios delitos; no hay que olvidar el carácter cautelar que tienen. ¿Hay peligro para la seguridad de la sociedad?, ¿o qué cometa nuevos delitos? No creo que esto se pueda presumir solo porque esté siendo formalizada por estos fraudes. Considero que por peligro para la seguridad de la sociedad no corresponde una prisión preventiva, porque solamente tendríamos estos criterios orientadores, que es la gravedad del delito y el número de los mismos (…), la imputada no tiene antecedentes penales ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va cometer delitos estando en libertad”.
“Respecto a que pueda entorpecer la investigación o impedir que testigos puedan concurrir a una audiencia de juicio (…), lo cierto es que antecedentes serios, de alguna amenaza que pueda realmente llevarse a cabo no veo”, agregó.
“Respecto del peligro de fuga, es evidente que tenemos casos que podrían sugerirnos que sea aconsejable la prisión preventiva para evitar la fuga de una denunciada. Pero no puedo desconocer que doña Cathy ha comparecido a las audiencias, que hay un interés real en aclarar bien los hechos”, razonó el magistrado, para quien en la causa “se requiere mucho tiempo de investigación, de auditorías, por lo que considerar justificado que esté privada de libertad mientras sigue la investigación por peligro de fuga, cuando además tiene dos hijos, efectivamente es una persona conocida, a la que no le sería fácil eludir la acción de la justicia, me lleva a concluir que tampoco se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva”, afirmó Salgado Morales.
“Queda entonces con la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y con la prohibición de comunicarse con testigos, coimputados o eventuales peritos que puedan comparecer a juicio”, ordenó el tribunal.
En tanto, la coimputada Ana María Cortés González, investigada por el Ministerio Público como autora de fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público, el tribunal le impuso las cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
En la primera jornada de la audiencia de formalización, realizada el martes recién pasado, el tribunal dejó con las cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno a Andrea Díaz Troncoso, y con firma mensual y arraigo nacional a Andrea Monsalve Saavedra, imputadas por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En el caso de María Isabel Palma Barros, imputada por falsificación de instrumento público, se le decretó el arresto domiciliario nocturno.
Las cautelares del sexto imputado en la causa, Luis Fernando Japaz Lucio, indagado como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, serán discutidas mañana, a partir las 12 horas.
Según el ente persecutor, entre 2016 y 2021, la imputada Barriga Guerra, en calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, habría realizado diversas maniobras defraudatorias para manipular la disponibilidad presupuestaria municipal, consistentes, esencialmente, en abultar los ingresos y subvalorar los gastos municipales.
Manipulaciones que le habrían permitido financiar la adquisición de diversos bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión y que tuvieron costos multimillonarios, por lo que dejó sin pagar obligaciones contraídas por el municipio.
El actuar de la otrora alcaldesa, junto a los demás imputados que formaban parte de su círculo de confianza, habría generado un perjuicio fiscal que a la fecha, correspondería, al menos, a $30.972.845.635, pero cuya cuantía final, según la fiscalía será calculada por medio de auditorías forenses.
