La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, interpuestos en contra de la sentencia que le ordenó al recurrente, el Centro Recrear de La Florida, pagar una indemnización total de $60.000.000 a los padre y niña que sufrió la amputación traumática del dedo meñique de la mano derecha, al deslizarse por un tobogán mal instalado.
En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, la ministra María Angélica Repetto García y los abogados (i) Raúl Fuentes Mechasqui y Eduardo Morales Robles– desestimó la procedencia del recurso formal y rechazó el sustancial por manifiesta falta de fundamento.
“Que la recurrente sostiene que el fallo cuya nulidad de fondo persigue incurre en infracción de los artículos 1698, 2314 y 2329 del Código Civil. En síntesis, asegura que tanto la sentencia de primera instancia como aquella que la confirmó discurre sobre elementos que son anexos al hecho ilícito que se denuncia, pues refieren en especial al giro y a la actividad comercial de la empresa. Señala que no es posible concluir a partir de anterior, la existencia de responsabilidad ni por ende la obligación de indemnizar perjuicios y, en este sentido, denuncia la falta del nexo causal entre la conducta de su representada y el daño que se reclama”, plantea el fallo.
La resolución agrega: “Que la sentencia que se revisa confirmó la de primer grado, que en su motivo décimo séptimo estableció como hechos de la causa que el actuar de la demandada, un recinto recreacional dirigido a menores de edad que no contaba con los medios necesarios para prestar la atención mínima de primeros auxilios, consistente en no haber prestado la ayuda necesaria a la niña accidentada, da cuenta de una negligencia y descuido, vulnerando con ello la obligación del deber de cuidado que tiene implícito el desarrollo de la actividad recreacional en específico”.
“Dicho actuar negligente y descuidado, establece el tribunal, constituye una norma en el actuar de la demandada, de lo cual da cuenta las diversas sanciones de carácter administrativo de que ha sido objeto”, añade.
Para el máximo tribunal: “(…) lo señalado anteriormente, revela que las alegaciones de la recurrente persiguen desvirtuar los hechos establecidos en el fallo de alzada. Sin embargo, solo los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos y, efectuada correctamente dicha labor en mérito de las probanzas aportadas, resultan ser inamovibles conforme al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. Así, al no haberse denunciado eficientemente por el recurrente la contravención de normas reguladoras de la prueba, no es posible modificar la situación fáctica que viene asentada en el fallo”.
“En efecto, no se configura la infracción del artículo 1698 del Código Civil pues esta regla se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el onus probandi. Dicha contravención no se advierte en la especie, desde que el motivo para acoger la acción radica en que resultó acreditada la actuación ilícita y negligente de la demandada”, concluye.
