El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó este Jueves 6 de octubre, en dos meses el plazo de investigación en contra del diputado Jaime Francisco Mulet Martínez, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de cohecho pasivo. Ilícito que habría perpetrado entre 2013 y 2015.
En audiencia de formalización (causa rol 6.553-2019), el magistrado Paulo Muñoz Pedemonte acogió el plazo de investigación propuesto por la fiscalía y, dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se solicitaron medidas cautelares en su contra.
Según el ente persecutor Mulet Martínez, con la ayuda de sus abogados de confianza instalados en la Municipalidad de Tierra Amarilla, habría asesorado al entonces alcalde de la comuna de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado Quevedo (fallecido), para que el municipio se desistiera de presentar acciones en contra de la empresa Minera Candelaria, a cambio de beneficios económicos, dado que de la minera enfrentaba dificultades para obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental.
De este modo, el alcalde concertado y asesorado por los abogados Mulet Martínez, Ramón Briones Espinoza y Hernán Bosselin Correa (los dos últimos imputados en la causa por cohecho pasivo y prevaricación del abogado), solicitó y aceptó con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros de la Minera Candelaria (la que enfrenta cargos como persona jurídica por el delito de soborno), acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental, en contravención a la ley.
En dicho acuerdo, el municipio renunciaba a perseverar en la acción de reparación de daños ambientales producidos en la comuna por la empresa minera; se comprometía a comunicar a la OCDE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las partes habían llegado a un acuerdo; declarar y reconocer sin reserva la inexistencia del daño ambiental alegado en las demandas, en base a un nuevo estudio en el que se señalaba que no existían tales daños o que no habían sido provocados por la minera.
Asimismo, en el acuerdo transaccional, la Municipalidad de Tierra Amarilla se obligaba a renunciar a cualquier pretensión encaminada a la impugnación de la resolución de calificación ambiental ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto de continuidad operacional Candelaria 2030, y renunciaba al ejercicio de todas las acciones, pretensiones y derechos de cualquier naturaleza vinculados a la controversia de daño ambiental.
Para la fiscalía, las conductas desplegadas por el equipo de abogados conformado por Mulet Martínez, Bosselin Correa y Briones Espinoza, llevaron al alcalde a no perseverar en el ejercicio de las acciones vinculadas al daño ambiental causado por Minera Candelaria, renunciar a impugnar la resolución de calificación ambiental el proyecto continuidad operacional y otorgar finiquito respecto de todos los derechos y acciones vinculadas al daño ambiental ocasionado, todo a cambio de una cuantiosa suma de dinero para el municipio, destinado en su mayoría al pago de los honorarios de los abogados Bosselin y Briones.
